España, ese gran problema

"Sobre la nueva estructura del Estado en España; por Ramón Tamames

Es necesario dar un mensaje de que las autonomías no son el problema para espantar las suspicacias del mercado pero, a la vez, no hay que perder la oportunidad para cambiar lo que no funciona y evitar el despilfarro, a veces escandaloso

15 Abril 12 - - Ramón Tamames

Entre 1975 y 1978, merced a los desarrollos legislativos de las Cortes Generales ya democráticas, y sobre todo con base en la propia Constitución –por su Título VIII–, España pasó de ser un Estado unitario y fuertemente centralizado, a convertirse en un Estado de las Autonomías, con 17 comunidades y dos ciudades autónomas.

Que necesitábamos un cierto nivel de autogobierno a escala regional era cosa que nadie dudaba. Pues como puso de relieve nuestro gran filósofo José Ferrater Mora, lo contrario constituía una obsesión inútil; que frenaba una comprensión más profunda y realista de lo que es España.

Sin embargo, en la elaboración del Título VIII, tal vez «nos pasamos de rosca»; como le dije a un gran amigo (Gonzalo Sol) en una reunión que tuvimos en esos tiempos en que andábamos configurando la Constitución en el Parlamento. Seguramente fuimos demasiado lejos, y aunque no estoy en contra del «café para todos» de Adolfo Suárez y su ministro Manuel Clavero, la verdad es que las competencias transferidas a las CC AA, desbordaron todo lo previsible; lo que nos está llevando a un grave deterioro de la propia estructura del Estado.

En el presente año de 2012 en que conmemoramos el segundo centenario de nuestra iniciática Carta Magna de Cádiz —la tercera Constitución más antigua del mundo, después de las de EE UU y Francia—, será bueno percatarse que, lejos de haberse fortalecido la Nación Española que nació en el orgulloso reducto de Cádiz, hoy nos encontramos con más de un soberanismo hostil dentro de nuestra propia casa común; en busca de ampulosas emancipaciones argumentadas, desde pretensiones absurdas de naciones que nunca lo fueron. Es el caso, en Cataluña, de muchos de los que votan a CIU, ERC y otros grupos; y el del País Vasco en lo que concierne a los dirigentes del PNV, Amaiur, y otras formaciones políticas, pacíficas o violentas. El tema, en Galicia, parece más atemperado, en busca de una personalidad propia, si bien dentro de un Estado español que funcione. La «madre del cordero» de la situación actual en que nos encontramos está en el ya aludido Título VIII de la Constitución, donde en el artículo 149, al enumerarse las prerrogativas exclusivas del Estado, se establece, en la mayoría de los casos, el principio de que habrá «leyes de bases»; que ulteriormente son objeto de regulación específica por las asambleas legislativas de las comunidades. Lo cual recuerda aquello del Conde de Romanones, cuando decía que las leyes las redactara el Gobierno en vigor, y que los reglamentos se los dejaran a la oposición en que estaba él. Eso es lo que sucede «hic et nunc»: las leyes regionales se convierten en reglamentos de bases; en cada comunidad con sus propios criterios, casi siempre disonantes de unas regiones a otras. Lo que nos ha conducido a la virtual desintegración del mercado español en 17 compartimentaciones tan absurdas como antieconómicas.

La responsabilidad del escenario en que hoy nos movemos se corresponde con la preconstitucional Ley Electoral de 1977, que sometió a una serie de gobiernos minoritarios –en tiempos de Suárez/Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero– a buscar los necesarios apoyos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, siempre negociados a un alto precio. De modo que fueron «quedándose en la gatera más pelos de los inevitables»; en forma de cesiones que algunos ya consideran irreversibles; pero que en manera alguna lo son.

La irracionalidad del actual Estado español se hace aún más patética por el hecho de que formamos parte de la Unión Europea y muy especialmente de la Eurozona de 17 Estados, con el Eurogrupo vigilando ya muchas de sus actividades fundamentales. Sobre todo, a partir del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011, premonitorio de la Unión Fiscal y de la supervisión presupuestaria, con su «regla de oro» de déficit cero cuanto antes mejor. Por ello, cabe preguntar a quienes cuestionan la Nación Española, levantando sus pendones secesionistas: ¿es que no tenemos que hacer dentro del Estado español lo que ya España se ha comprometido a hacer dentro de la Unión Europea?

En definitiva, parece que ha llegado la «hora de la verdad», para rectificar sabiamente y ajustar con racionalidad nuestro periclitado modelo de Estado. Una apreciación que gana en fuerza cuando estamos atravesando la peor crisis económica y social desde 1975; «y lo que te rondaré morena», porque crisis queda para rato.

En definitiva, los soberanismos de los Artur Mas de hoy, y de los Ibarretxe de ayer y de los Urcullu de ahora, son vivencias trasnochadas, en pos de falsas soluciones que serían ineficientes y destructivas; con argumentaciones que datan de las «Bases de Manresa» de 1892 (con todo lo que de lógico tenían algunas de ellas), y de las prédicas de Don Sabino Arana (funestas casi todas). Dos plataformas dialécticas, más o menos transformadas en la actualidad, pero que son instrumentos obsoletos y contrarios a la Constitución de 1978; refrendada que fue el 6 de diciembre de aquel año por el 87,87 por 100 de la ciudadanía española.

Adicionalmente, los egoísmos soberanistas contra la Nación Española, además de trasnochados, se revuelven contra sus propios protagonistas y más aún contra quienes les padecen como electores. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se perdieron con el desdichado Plan Ibarretxe? ¿Y cuánto con la frustrada constitución (sic) de Cataluña de tres años de idas y venidas con un Estatuto de 223 artículos más que el repertorio de la propia Constitución Española con 169? Un Estatuto por demás, con criterios intervencionistas que aspiran a reglamentarlo todo, sin dejar respiro a las propias instituciones catalanas y al pueblo de Cataluña.

Y ahora viene lo principal. Más que entrar en una fase de devoluciones de competencias como las que preconiza, con inteligencia pero sin suficiente base argumental, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que debemos plantearnos es la Reforma de la Constitución. Y no sólo para cuestiones dinásticas o temas presupuestarios. Es preciso revisar el Título VIII de la Constitución (y algunos artículos más, por su conexión). No para desmantelar el Estado de las Autonomías, sino para racionalizarlo. Sobre todo a partir de los artículos 148 y 149, a fin de redistribuir funciones competenciales, y evitar el vaciamiento del Estado. No se olvide que ese Estado, que también debe racionalizarse a fondo es la configuración política instrumental de la Nación Española. Justicia, sanidad, educación, economía, etc., son, todos ellos, temas sobre los que hay que volver en cuanto a su adscripción y funcionamiento, con detalles en los que aquí y ahora no vamos a entrar.

Claro es que un cambio constitucional de esa envergadura, necesita del acuerdo de los grandes partidos de ámbito nacional, PSOE y PP. Porque los artículos 167 a 169 de la Constitución son una especie de gran muralla para dificultar la reforma; desde el punto y hora en que para reconfigurarla es indispensable reunir dos tercios de las Cámaras; y una mayoría absoluta en el subsiguiente referéndum. Por eso, por encima de los muchos y graves problemas que tiene el Gobierno Rajoy, y de las dificultades del principal partido de la oposición, sin prisas pero sin pausas debería irse articulando una senda reconstituyente. En lo cual, la mayoría de los que se sienten españoles de verdad, seguramente podrían ponerse de acuerdo.

No podemos seguir así, y algo tenemos que hacer. Y no en un horizonte lejano, sino que el gran cambio ha de plantearse para 2016. Más tarde que eso, las cosas se complicarían inevitablemente."


Esto lo dice D. Ramón Tamames antiguo miembro histórico del Partido Comunista Español, cofundador de Izquierda Unida, luego evolucionó hacia posiciones más centristas con el CDS. Economista, catedrático, asesor destacado de los Padres de la Constitución de 1.978 (vigente), etc... Nada de Intereconomía y esas cosas tan carcas y casposas.

Este es el gran problema a la que nos tendremos que enfrentar los ciudadanos españoles, queramos o no, en los próximos 5 a­ños: la estructura del Estado amenazada por movimientos secesionistas y la Ley electoral de 1.977, que prima de una manera muy sutil a los nacionalismos históricos y a sus fines políticos.

Yo creo que se han acabado los tiempos de las ambigüedades políticas con los términos Nación y Estado y los españoles tendremos que decidir cómo queremos incorporarnos al mundo globalizado que nos toca vivir: juntos o por separado. Es decir, si queremos constituirnos como una Nación y un Estado o como un Estado de una Nación configurada por varias Nacionalidades. Siendo el Estado español y el concepto Nación española, bajo mi punto de vista, una reivindación irrenunciable. Entonces habrá que determinar y dar contenido al concepto Nacionalidad. Ese será el problema. Y ya veremos cómo se resuelve.

No tengo mas que decir que estoy totalmente de acuerdo con Tamames